Vivió los primeros 10 años de su vida lejos de España y todo indica que pasará los últimos también fuera del país que reinó durante casi 40 años.
La trayectoria de Juan Carlos I, rey de España de 1975 a 2014, dio un nuevo giro este lunes al darse a conocer una carta dirigida a su hijo, el rey Felipe VI, en la que le comunica su «meditada decisión» de abandonar el país.
«Hace un año te expresé mi voluntad y deseo de dejar de desarrollar actividades institucionales. Ahora, guiado por el convencimiento de prestar el mejor servicio a los españoles, a sus instituciones y a ti como rey, te comunico mi meditada decisión de trasladarme en estos momentos fuera de España», señala la misiva.
«He sido rey de España durante casi 40 años y durante todos ellos siempre he querido lo mejor para España y para la Corona».
No hay información oficial sobre el destino del rey emérito ni del momento de su partida, aunque medios españoles afirman que el exjefe de Estado ya no está en el país.
¿Qué le llevó a tomar esta decisión?
«Ciertos acontecimientos»
En la carta, difundida por la Casa Real desde el Palacio de la Zarzuela en Madrid, Juan Carlos I, que abdicó en junio de 2014 y tiene 82 años, apunta la razón principal por la que toma la decisión de marcharse:
«Con el mismo afán de servicio a España que inspiró mi reinado y ante la repercusión pública que están generando ciertos acontecimientos pasados de mi vida privada, deseo manifestarte mi más absoluta disponibilidad para contribuir a facilitar el ejercicio de tus funciones, desde la tranquilidad y el sosiego que requiere tu alta responsabilidad», le dice a su hijo, el actual monarca.
Aunque no lo menciona explícitamente, los «acontecimientos» a los que alude el rey emérito probablemente estén relacionados con una investigación de fiscales de Suiza y España sobre sus cuentas en el extranjero en un caso de supuesto fraude fiscal y blanqueo de capitales.
Un tren millonario
El elemento fundamental de la investigación es la construcción de una línea de tren de alta velocidad que une las dos ciudades más importantes para el islam -Medina y La Meca- en Arabia Saudita.
El AVE (nombre que recibe en España el tren de alta velocidad) a la Meca, que cubre 450 kilómetros en el desierto, fue inaugurado en octubre de 2018 y lo que se investiga es el papel que Juan Carlos I jugó en la adjudicación en 2011 de un millonario contrato a un consorcio formado en su mayoría por empresas españolas para la realización de la obra.
Los trabajos de construcción comenzaron en 2012, pero las conversaciones y disputas para ver a quién se le adjudicaba el contrato se remontan a los años previos.
Los estrechos lazos del rey emérito con la familia real saudita le llevaron a actuar como intermediario a favor de los intereses comerciales españoles en la región.
El valor de ese contrato ascendió a unos US$7.800 millones y tanto la justicia española como la de Suiza sospechan que durante la negociación se pagaron comisiones de forma irregular.
En concreto, las autoridades investigan una supuesta transferencia de US$100 millones realizada por el régimen saudita a favor de Juan Carlos I en 2008, cuando todavía estaba en el trono.
El dinero se ingresó en un banco suizo y la fiscalía de ese país sospecha que se trató de una comisión para compensar al rey emérito por haber conseguido, presuntamente, que el consorcio de empresas españolas presentase una oferta de costo más reducido.
Suiza y España
El caso salió a la luz en 2018 a raíz de una grabación realizada tres años antes a la mujer que dice haber sido amante de Juan Carlos I, Corinna zu Sayn-Wittgenstein (también conocida por su apellido de soltera, Larsen), una empresaria de 55 años nacida en Alemania pero de nacionalidad danesa.
En la grabación, ella parece decir que Juan Carlos I había solicitado una comisión por interceder en el contrato ferroviario con los sauditas y que había escondido el dinero en el exterior.
Una primera investigación sobre esas revelaciones fue desestimada por la debilidad de las pruebas.
Sin embargo, en marzo de este año, el diario suizo Tribune de Genève destacó en portada lo siguiente: «Juan Carlos I escondía 100 millones en Ginebra».
En su reportaje, el medio helvético señaló: «Entre 2008 y 2012, al amparo de una sociedad panameña y con él como único beneficiario, el rey emérito confió en total discreción US$100 millones al Banco Mirabaud».
El diario informó que se sospechaba que el pago procedía del rey de Arabia Saudita, Abdallah, y añadió que la justicia de la ciudad suiza había abierto una investigación por blanqueamiento de capitales.
Además, Tribune de Genève indicó que «en 2012, Juan Carlos transfirió lo que quedaba de dinero, unos US$76 millones (65 millones de euros), a su antigua amante».
Esta información desencadenó una investigación de las autoridades suizas y otra de fiscales españoles sobre sus cuentas.
Dado que la supuesta transferencia se produjo cuando Juan Carlos aún era rey y estaba protegido por la inviolabilidad que la Constitución española le reconoce al Jefe de Estado, lo que la fiscalía del Tribunal Supremo español investiga es si el rey emérito cometió blanqueo de capitales y delito fiscal al tener ese dinero en cuentas en el extranjero sin declarar.
Por su parte, el fiscal suizo Yves Bertossa recaba pruebas para averiguar si ese pago tiene relación con el contrato que los sauditas otorgaron al consorcio español en la construcción del AVE.
El papel de Felipe VI
Sin desdeñar el respeto mutuo que se refleja en la carta, pocos dudan que la decisión del rey emérito haya sido consensuada y acogida con satisfacción por el actual monarca.
Tras el revuelo causado por las noticias que llegaban de Suiza, Felipe VI anunció el 15 de marzo que le retiraba a Juan Carlos la asignación que hasta entonces recibía de los presupuestos del Estado, unos US$235.000 anuales.
Además, el monarca manifestó que, llegado el momento, renunciará a la herencia de su padre.
Aquella reacción dejó ver una vez más la determinación de Felipe VI de distanciarse de los escándalos y gestiones financieras de su predecesor y del resto de la familia, algo que ya demostró al revocar el título de duquesa de Palma de su hermana la infanta Cristina, cuando se vio salpicada en un caso de corrupción que acabó con su esposo en prisión.
Asimismo, el rey renunció a ser beneficiario de una fundación offshore de Panamá, Lucum, para lo que había sido designado por su padre.
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